Introducción

Friedman (2012) advierte que cuando los extranjeros se oponen a una política de Estados Unidos, esta oposición es muy a menudo descartada por antiamericana, mal intencionada y por ende ilegítima, previniendo a los funcionarios norteamericanos y al público de los Estados Unidos de tener acceso a otras evaluaciones y considerar políticas alternativas que podrían ser más exitosas. Como en otras áreas de la política internacional, en el ámbito de las políticas de control del narcotráfico, ha crecido internacionalmente cierta resistencia a la estrategia internacional liderada e impulsada por Estados Unidos .

Independientemente de este profundo debate actual sobre los fracasos de la estrategia internacional de control de drogas y del rol de Estados Unidos en su mantenimiento irreflexivo, existe una política norteamericana que ha sido y es objeto de particular resistencia por parte de muchos países. Estados Unidos es el único país del mundo que, todos los años, evalúa unilateralmente las políticas del resto de los países en materia de control del narcotráfico. De acuerdo a la Sección 490 de la “Foreign Assistance Act”, el Presidente debe certificar anualmente que cada uno de los principales países de producción o de tránsito haya cooperado adecuadamente o hayan tomado los pasos necesarios para cumplir con los estándares de la Convención de Naciones Unidas de 1988, entre otros instrumentos internacionales vinculados a la fiscalización de drogas. Los gobiernos que no alcanzan este estandar pierden su elegibilidad para la mayoría de las formas de asistencia militar o para el desarrollo que provee Estados Unidos. De igual forma, esos países son pasibles de enfrentar un voto negativo por parte del país en seis bancos multilaterales de desarrollo.
Según la Foreign Assistance Act, no más allá del 15 de septiembre de cada año el Presidente debe enviar a los correspondientes comités del Congreso un informe identificando a los principales países de tránsito y producción de drogas. Además, en cada reporte el Presidente debe: a) designar cada uno de los países, si los hubiera, que fracasaron, durante los 12 meses previos, en hacer esfuerzos significativos para cumplir sus obligaciones bajo los acuerdos antinarcóticos internacionales o tomar las medidas antinarcóticos derivadas de la Convención de 1988, de acuerdos bilaterales con Estados Unidos o multilaterales aplicables y medidas para prevenir y castigar la corrupción pública, especialmente por parte de funcionarios gubernamentales, y b) incluir una justificación para cada país así designado. Si un país ha sido así identificado, la asistencia puede de todos modos ser provista en los siguientes casos: a) si la provisión de esa asistencia es vital para los intereses nacionales de Estados Unidos o b) si luego de esa identificación el país hubiera realizado los esfuerzos a los que se hizo referencia precedentemente.
De acuerdo al Informe International Narcotics Control Strategy Report (1998) el conocido proceso de certificación es un mecanismo controversial pero efectivo, que promueve la transparencia, revelando fortalezas y debilidades. En términos del informe el propósito del proceso de certificación no es castigar sino mantener a los países en un estándar mínimamente aceptable de cooperación en cumplimiento de los objetivos de la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. Su carácter controversial, reconocido por sus propios generadores, radica nada más y nada menos en que el principal país consumidor del mundo evalúa unilateralmente al resto de los países, interviniendo de manera pública en las políticas nacionales en materia de control del narcotráfico de otros países soberanos. Como afirmó Ratcliff (2000), se juzga a los países latinoamericanos (entre otros) por cuan bien están peleando “nuestro” (en referencia a los Estados Unidos) problema de uso de drogas.
En el decenio 2002-2012 pocos países fracasaron, de acuerdo al gobierno de Estados Unidos, en hacer esfuerzos significativos en los términos de la Foreign Assistance Act: Afganistán, Burma, Haití, Venezuela y Bolivia. No obstante, todos estos países (con excepción de Burma en el período 2002-2011) han sido alcanzados por la excepción que establece la Foreign Assistance Act a los fines de continuar siendo pasibles de la provisión de asistencia por considerarse ésta vital para los intereses nacionales de Estados Unidos. Claramente cada una de estas determinaciones se enmarcan en un contexto histórico-político particular de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y el país evaluado que pareciera hacer de la certificación, en el marco del International Narcotics Strategy Control Report (INCSR), un instrumento más complejo que de mera evaluación de las políticas de control de drogas de otros países.
De todos modos, de-certificados o no, todos los países son evaluados y los informes suelen incluir afirmaciones contundentes en la evaluación de las políticas internas de los países en materia de narcotráfico. Es por ello que esta evaluación unilateral ha generado, a lo largo de sus años de existencia, no sólo fuertes posicionamientos contrarios por parte de los países evaluados sino también en algunos sectores del propio país evaluador. No obstante, el proceso persiste en el marco de las resistencias. En la Declaración de Antigua “Por una política integral frente al Problema Mundial de las Drogas en las Américas”, aprobada en junio de 2013 por los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, se declaró de manera contundente que era el Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) el único instrumento hemisférico válido para la evaluación de las políticas de control de drogas en los países que componen el sistema interamericano y se recordó que la evaluación de las políticas de control de drogas debía ser un ejercicio multilateral, en clara oposición a la evaluación unilateral que realiza Estados Unidos. Este país aprobó el texto completo de la Declaración con una interesante nota al pie para estos dos párrafos: “Estados Unidos respeta el derecho soberano de los Estados a determinar cómo y bajo qué condiciones pueden asignarse sus recursos. Apoyamos plenamente el concepto de que las evaluaciones sobre las políticas sobre drogas se llevan a cabo de mejor manera en un marco de colaboración”. Claramente, las resistencias no se referían a como un país soberano asigna sus recursos sino al hecho de que se evalúe públicamente a otros Estados soberanos en su política interna.
Como otros tantos países, Argentina ha mantenido en los últimos años una posición muy crítica frente a la evaluación unilateral norteamericana, en particular respecto del contenido de sus “International Narcotics Control Reports”. En marzo de 2014, frente a la publicación por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos del “International Narcotics Control Strategy Report” (INCSR), correspondiente al año 2013, el Canciller argentino Héctor Timerman se refirió a Estados Unidos “como el principal problema del narcotráfico” , mientras que el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, se refirió a ese país como el que “importa las drogas y exporta las muertes” y lo acusó de «andar vendiendo por el mundo recetas mágicas para solucionar los problemas que ellos mismos no han podido solucionar» . El Jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, aludió a Estados Unidos en duros términos: “los grandes consumidores de drogas pretenden dar lecciones” . Dos años antes, otro funcionario responsable de las políticas de control de drogas y ex Canciller de la Argentina, Rafael Bielsa, había calificado a las afirmaciones hechas por el INCSR de ese año sobre la Argentina como “temerarias” . Ese mismo año, el Jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández se refirió al mismo informe como “hecho por la DEA” (Drug Enforcement Administration) a la que calificó con la siguiente frase: “Hay quien dice en la Argentina que si la DEA no estaría en nuestros países estarían en Illinois dirigiendo el tránsito” . Cabe recordar que la entonces Ministra de Seguridad, Nilda Garré, había cancelado la cooperación antinarcóticos con ese organismo norteamericano a inicios de ese año.
No obstante lo anterior, a inicios del 2014 y en simultáneo a las fuertes declaraciones de los funcionarios argentinos, el gobierno no sólo retomó la cooperación previamente suspendida con la DEA sino que varios gobernadores provinciales y candidatos de la oposición comenzaron a organizar giras a los Estados Unidos con el tema “narcotráfico” como central en la agenda bilateral y mantuvieron reuniones con funcionarios de ese y otros organismos norteamericanos.
En este contexto, cabe preguntarse si es posible ubicar las posiciones del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y de los líderes de la oposición dentro de un continuo americanismo/antiamericanismo , o si más bien sus manifestaciones indican, por un lado, sólo la oposición a determinadas políticas del gobierno norteamericano en materia de narcotráfico y, por el otro, el uso tanto del americanismo como del antiamericanismo como herramientas políticas discursivas ante una opinión pública profundamente dividida en sus sentimientos hacia los Estados Unidos.

¿Antiamericanismo u oposición al irreflexivo unilateralismo norteamericano en las políticas contra el narcotráfico?
La mayoría de los académicos coinciden en que la crítica a Estados Unidos en si misma no es necesariamente anti-americanismo y especifican que, al menos, dos elementos son necesarios: una particular hostilidad hacia Estados Unidos, más que hacia otros países, y un odio generalizado hacia Estados Unidos, en la mayoría sino todos sus aspectos (Friedman, 2012). Rubinstein y Smith (1998) afirman que el antiamericanismo puede ser visto como cualquier acción o expresión hostil que forma parte de un ataque indiferenciado a la política, la sociedad, cultura y valores de los Estados Unidos. Como los autores reconocen se trata de un concepto altamente variable cuyo ímpetu y contenidos pueden ser marcadamente diferentes según el caso. En tal sentido podría de plano descartarse una concepción del anti-americanismo, como abunda en la literatura norteamericana, en términos de una ideología, un prejuicio cultural, una forma de resistencia, una amenaza, o como oposición a la democracia, el rechazo a la modernidad o una envidia neurótica al éxito norteamericano (Friedman, 2012).

Como lo muestra Meunier (2007) para el caso francés, la fuente más importante de desconfianza de un país hacia Estados Unidos puede estar en la profunda oposición nacional al unilateralismo y el estilo de globalización que practica Estados Unidos. Esta visión nos vuelve a alejar de una concepción del antia-mericanismo utilizado como acusación ómnibus para describir diversos sentimientos o acciones opositoras como reacciones patológicas al mundo moderno (Grandin, 2006) y nos pone a salvo de la utilización tradicional del concepto. Como afirma Friedman (2012) preguntas similares a “porqué nos odian” (a los Estados Unidos) se formularon una y otra vez en el transcurso del siglo XX y, cada vez, el acertijo se resolvió con la proclama reconfortante del vicio extranjero y la virtud americana. Como afirma el autor, en este tipo de concepciones, se aprende que el anti-americanismo está enraizado en la “psique mundial” porque los extranjeros se resisten a la modernidad y no les gusta la democracia.

No obstante, como afirma Cole (2006) para el caso de Medio Oriente, la tesis de que el anti-americanismo se deriva principalmente de la hostilidad a la democracia norteamericana y al capitalismo de libre mercado no se sostiene. Para el autor, el anti-americanismo es cualquier cosa menos un fenómeno cultural: los sentimientos no se generan por un choque de valores básicos sino por cuestiones concretas vinculadas a la política exterior de Estados Unidos. En tal sentido, el anti-americanismo se vuelve altamente volátil y sensible a determinadas variables específicas respecto de políticas en el área exterior.

En efecto, cuando el Canciller Héctor Timerman embistió duramente contra los Estados Unidos por el crítico informe elaborado por el Departamento de Estado en 2013, manifestó claramente que el cuestionamiento se vinculaba a la unilateralidad de la evaluación que practica Estados Unidos. Timerman dijo que Estados Unidos «no puede estar emitiendo boletines de calificaciones sobre distintos temas. Tiene sus problemas y debería tratar de resolverlos» . Palabras más, palabras menos, lo afirmado por el Canciller es coincidente con la visión de todos los países de la OEA, con excepción de Estados Unidos, tal como se desprende de la mencionada Declaración de Antigua.
El carácter controversial de la denominada certificación ha sido asimismo reconocido en el propio territorio norteamericano. En el año 2001, se llevó a cabo una Sesión del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos para debatir el proceso de certificación anti-drogas . En su introducción, el Senador Chafee reconoció, quince años después de la creación de este proceso, que si bien la cooperación externa con Estados Unidos en materia anti-drogas se había incrementado notablemente, la ley que introducía el mecanismo había generado resentimiento entre las naciones que veían el proceso como autoritario y quizás arrogante, particularmente teniendo en cuenta que los Estados Unidos eran un país consumidor de consideración. Por su parte, el Senador Dodd informaba haber visitado varios de los países evaluados y mantenido reuniones con muchos Jefes de Estado a lo largo de los años y que aún no había tenido una conversación con uno de ellos en la que le dijeran que el proceso de certificación había sido de ayuda en sus esfuerzos nacionales.
En esa misma sesión el propio Subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Rand Beers, se refirió al recientemente creado Mecanismo de Evaluación Multilateral de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA) advirtiendo que, aunque se tratara de un proceso recientemente en evolución, podría potencialmente hacer del proceso unilateral un anacronismo en el hemisferio occidental. El funcionario reconocía que la mayoría de los gobiernos sería más responsivo a una crítica constructiva ofrecida por una comunidad de naciones después de un proceso objetivo y colaborativo, que a los requerimientos impuestos por un proceso subjetivo unilateral acompañado de la amenaza de sanciones ante la falta de cumplimiento. El General Mac Cafrrey, Director de la Oficina Nacional de Políticas de Control de Drogas de la Administración Clinton, formulaba una similar reflexión. En sus palabras, el mecanismo de evaluación en el marco de la OEA haría con el tiempo irrelevante el proceso de certificación porque, a su juicio, se servirían mejor los intereses del pueblo americano trabajando en una asociación cooperativa que teniendo confrontaciones binacionales .

Cabe señalar que más de diez años después el Mecanismo de Evaluación Multilateral no sólo no ha reemplazado la evaluación unilateral norteamericana sino que la influencia de ese país sobre el mismo ha coadyuvado a que el mecanismo se haya vuelto hasta cierto punto inocuo, echando por tierra los benévolos presagios que los propios funcionarios y parlamentarios norteamericanos tuvieron al momento de su creación. La influencia norteamericana sobre el mecanismo es contundente: en el período 1998-2012 Estados Unidos ha sido el responsable del 55% de los aportes en efectivo a la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, seguido por un 22% correspondiente al Fondo Regular de la Organización (fondo que en un 89% se destinó a sueldos del personal de la organización). Ahora bien, ese financiamiento, tan significativo en el marco de la CICAD, se vuelve irrelevante si se analiza la contribución financiera total de Estados Unidos a las políticas de control de drogas. Los aportes a la CICAD representan tan sólo un 1% del financiamiento total que brinda el país, otro 1% se dirige al Fondo del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, y el restante 98% a su unilateral estrategia internacional de control de drogas .

Reconocido por propios y ajenos, lo irritante del proceso de certificación se vincula a la unilateralidad de la evaluación y a la no aceptación de la magnitud del problema “en casa” por parte de los propios norteamericanos. Estados Unidos sigue siendo uno de los principales países en términos de los índices de consumo. América del Norte, en conjunto, sigue siendo el mayor mercado de drogas del mundo, así como la región que comunica la tasa más elevada de mortalidad por drogas. Según las cifras que figuran en el Informe Mundial sobre las Drogas correspondiente al año 2012, aproximadamente uno de cada 20 decesos en el grupo de 15 a 64 años de edad en América del Norte está relacionado con el consumo de drogas (JIFE, 2012). Las mayores incautaciones de cocaína del mundo se siguen dando en Colombia y Estados Unidos (ONUDD, 2013). En Estados Unidos aumentaron las superficies dedicadas al cultivo de marihuana, mientras que ese país es el responsable del 69% de la incautaciones mundiales de cannabis (ONUDD, 2013). Por otra parte, según la ONUDD, en 2010, se incautaron 22 toneladas de metanfetamina en América del Norte, lo que representa aproximadamente la mitad del volumen de incautación mundial. Las cifras muestran también que en los Estados Unidos la incautación de metanfetamina por los agentes del orden en la frontera del país con México ascendieron a 7,4 toneladas en 2011, más del doble del volumen incautado en 2009 (JIFE, 2012). América del Norte, incluyendo Canadá, dan cuenta de más del 40% del consumo mundial de cocaína. Europa consume el 25% del total. En conjunto, ambas regiones consumen el 80% de lo producido por este mercado ilícito (ONUDD, 2011). En Estados Unidos el número de personas encarceladas por delitos de drogas se ha incrementado de 50.000 en 1980 a 500.000 en el año 2005 (Reuter, 2009). Por otra parte, respecto de los “costos inesperados” de la estrategia liderada por Estados UNidos, cabe indicar que la violencia en México ha empeorado en los últimos diez años con más de 5000 homicidios vinculados a las drogas en 2008. Hay una preocupación, aun no documentada, de que los asesinatos se realizan con armas importadas de Estados Unidos a través de los mismos canales por los que se exportan las drogas (Reuter, 2009).

Pese a ello, Estados Unidos se erige en “evaluador” de las políticas nacionales de otros estados soberanos en materia de drogas. De alguna manera, esto podría enmarcarse en las discusiones vinculadas al denominado “excepcionalismo norteamericano”. Como afirma Hodgson (2004), para otras áreas de la política exterior, hay un abismo entre las percepciones americanas y aquellas del resto del mundo. La mayoría de los norteamericanos parecería aceptar que su sociedad es moralmente excepcional y que cualquiera que no lo acepte es antiamericano mientras que el resto del mundo como un todo no acepta este postulado de que Estados Unidos tenga una superioridad moral (Hodgson, 2004). El mismo autor señala que la doctrina del excepcionalismo norteamericano presenta un duro dilema para los norteamericanos que pertenecen a una nación cuyos principios incluyen de manera especial valores como la democracia y la representación. Si Estados Unidos quiere llevar su versión de la democracia al mundo y su sistema de organización económica debe permitir la representación de la visión de los otros (Hodgson, 2004). Además, como indica Friedman (2012), una predisposición a encontrar antiamericanismo en los motivos de muchos extranjeros es lo opuesto a una mirada cosmopolita y multilateral que podría también servir a los Estados Unidos, máxime en un área en la que su visión unilateral ha recogido más fracasos que éxitos.

La utilización del anti-americanismo/americanismo como herramienta política
Como hemos visto en el acápite anterior, encontramos razones de sobra para evitar que la crítica a los Estados Unidos, en el caso analizado, sea conceptualizada como anti-americanismo para ubicarla mejor en el marco de una oposición concreta a una política particular de ese país en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico. Resta analizar, entonces, la supuesta ambivalencia existente entre esa oposición y numerosas manifestaciones de funcionarios gubernamentales, gobernadores provinciales y líderes de la oposición que continúan acudiendo a los Estados Unidos en busca de cooperación en esta especial materia.
Respecto de la postura gubernamental, el Secretario de Seguridad reconoció que el país había «intensificado los acuerdos de cooperación con la DEA para cruzar datos y organizar cursos de capacitación” , lo que fue confirmado por el propio Departamento de Estado, organismo que públicamente informó que “Argentina y los Estados Unidos comparten el importante objetivo de combatir el tráfico de drogas ilegales” y que se encontraban “actualmente” trabajando con la Argentina en ese tema considerando que una mayor y más cercana cooperación beneficiaría a ambos países . El Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Argentina afirmó que existía “una comunicación abierta, tanto con el gobierno nacional como con las autoridades provinciales» y añadió que Estados Unidos estaba “dispuesto a ampliar estos canales de cooperación si los representantes argentinos así lo requieren» .
En efecto, casi en simultáneo a sus declaraciones explosivas, la prensa argentina afirmaba que el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, acababa de cerrar acuerdos de colaboración con la DEA, que contemplaban tareas de capacitación del personal especializado en narco-criminología e intercambio de información sensible. Los medios de prensa afirmaban que, de acuerdo a fuentes diplomáticas norteamericanas, el Ministro Consejero Interino de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires y el Agregado de la DEA en la Argentina se habían reunido con el Secretario de Seguridad para avanzar en tareas conjuntas.
Adicionalmente, varios gobiernos provinciales iniciaron acercamientos con Washington orientados a recibir cooperación en materia de narcotráfico. Respecto de algunos líderes de la oposición, no sólo impulsaron reuniones bilaterales con autoridades norteamericanas, incluyendo la DEA, sino que se animaron a proponer la creación en la Argentina de un organismo de similares características y competencias. El Gobernador de la Provincia de Córdoba, Juan Manuel de la Sota, estuvo reunido con autoridades del Departamento de Estado, la DEA y el FBI y pidió colaboración en capacitación y cuestiones operativas para la nueva fuerza policial antinarcóticos que está siendo implementada en su provincia. Por su parte, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, fue otro de los que estuvo reunido con autoridades de la DEA y el FBI, cuando estuvo de visita en Washington a fines de marzo de 2014. También lo hicieron autoridades de la Provincia de San Juan en el marco de una visita que realizó el Gobernador de la Provincia a la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires a principios del mes de abril de 2014, con el fin de instruir al personal en la lucha contra el narcotráfico. Se suma el Gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, quién estableció un acuerdo para que cuatro funcionarios de la Dirección de Narco-criminalidad, que él mismo creó, reciban cursos de instrucción en Washington para la lucha contra el narcotráfico. Por su parte, Antonio Bonfatti, Gobernador de la Provincia de Santa Fe, y su Ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, realizaron un viaje a los Estados Unidos en enero de 2014. El 15 de enero, el mandatario santafesino se reunió con el representante de Asuntos del Hemisferio Sur del Departamento de Estado, William Ostick. El encuentro en el Departamento de Estado fue solicitado por el propio gobierno santafesino y se concretó a partir de buenas relaciones que logró el ex gobernador Hermes Binner con la anterior embajadora en Buenos Aires, Vilma Martínez .
Aún más, representantes de las principales fuerzas no kirchneristas acordaron en la necesidad de centralizar en un organismo los esfuerzos para hacer frente al problema del narcotráfico. Reunidos en debate organizado por la Universidad de San Andrés, el Ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro; el Diputado Nacional Francisco de Narváez; el legislador provincial Ramiro Gutiérrez y el dirigente del GEN Gerardo Milman coincidieron en esta postura. En efecto, existen actualmente dos proyectos de ley en la Cámara de Diputados, presentados por Unión por Córdoba y por el Frente Peronista, que tienen como objetivo la creación de un organismo de similares características a la DEA. Ambos proyectos, en sus fundamentos, toman a este organismo como ejemplo exitoso en la coordinación de los esfuerzos nacionales en la lucha contra el narcotráfico.
Derribando el mito de que el antia-mericanismo es causado por las elites, Mc Pherson (2004) afirma que la mayoría de los líderes latinoamericanos que usaron el anti-norteamericanismo como simbolismo lo hicieron siguiendo a su opinión pública. Es que como señala Meunier (2007) el antia-mericanismo es también una herramienta retórica que puede ser utilizada sin costo para el beneficio político. También puede serlo el americanismo cuando existe una opinión pública dividida en sus sentimientos hacia los Estados Unidos.

De acuerdo al Informe “The U.S.-Global Leadership Project” publicado por Meridian International Center y Gallup en 2011 los argentinos y los mexicanos son quienes menos aprueban el liderazgo norteamericano en el continente americano. En el caso argentino, solo un 24% de los encuestados afirma aprobar ese liderazgo mientras que un 40% manifiesta su desaprobación. De toda la región, son estos los resultados más bajos y más altos respectivamente. Similares resultados surgen de la base de datos “Latinobarómetro” , correspondiente al año 2011, donde consultados sobre la opinión de Estados Unidos son los argentinos los que presentan el mayor porcentaje de respuestas negativas (mala/muy mala), un 40,8%, porcentaje mucho más alto que el promedio regional (18,9%). Similarmente, solo un 53% manifestó tener una opinión buena/muy buena de los Estados Unidos, porcentaje mucho más bajo que el promedio regional (72,2%).
En lo que refiere al problema del narcotráfico, de acuerdo a la información relevada en “Latinobarómetro”, los argentinos vuelven a destacarse en el contexto regional. Ante la pregunta de si el país debiera cooperar más con Estados Unidos para combatir el narcotráfico, los argentinos vuelven a registrar el porcentaje más bajo de respuestas positivas (muy de acuerdo/de acuerdo) con un 42,1%, también muy por debajo del promedio regional (57,62%). Mientras tanto, el porcentaje de respuestas negativas (en desacuerdo/muy en desacuerdo) es el mas alto (48,7%), una vez más muy por encima del promedio regional (33,3%). Completando este cuadro de percepciones cabe agregar que, de acuerdo a información relevada por esa misma base de datos para el año 2009, el 62,5% de los argentinos piensa que Estados Unidos está poco o nada interesado en solucionar los problemas de la Argentina, mientras que el 50,1% de los argentinos piensa que ese país trata a nuestro país con poco o ningún respeto.
Los argentinos podrán liderar las posiciones más enfrentadas en el contexto regional, pero los valores en el marco de la opinión pública interna no dejan de ser contundentes para la utilización tanto del antiamericanismo como del americanismo como herramienta retórica en el discurso político, máxime con relación al problema del narcotráfico que ha venido priorizándose en la agenda política local.
Y en cualquier caso, como lo muestra el periodista Santiago O’Donnell, autor de “ArgenLeaks”, a partir de la publicación de los cables que pusieron al desnudo la relación entre políticos y empresarios argentinos con Estados Unidos, lo que se desprende es que “hay mucho circo montado para hacer creer que se llevan mal”. El autor afirma que es cierto que hay mucho anti-americanismo en la Argentina y, de hecho, los cables muestran que es el país más anti-norteamericano que hay, pero eso no quita que, a nivel de gobiernos y de estados, las relaciones son muy fluidas. En su prólogo al libro, Martin Becerra afirma que ministros y ex ministros del gobierno argentino, líderes de la oposición política, referentes religiosos, jueces, empresarios y columnistas políticos de los diarios más leídos asumen en sus contactos con la Embajada una faceta que contrasta con sus apariciones publicas.

Reflexiones finales
En este contexto, no resulta adecuado ubicar las posiciones del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y de los líderes de la oposición dentro de un continuo americanismo/antiamericanismo, desde que sin lugar a dudas sus manifestaciones indican, por un lado, la oposición a determinadas políticas del gobierno norteamericano en materia de narcotráfico y no un rechazo a los valores que ese país representa y, por el otro, el uso tanto del americanismo como del antiamericanismo como herramientas políticas discursivas ante una opinión pública profundamente dividida en sus sentimientos hacia los Estados Unidos. En ambos casos, no se constata la presencia de los dos extremos que Friedman (2012) reconoce como prevalecientes en la literatura que busca encontrar parámetros para un definición del anti-americanismo.

La posición frente al proceso de certificación y la evaluación unilateral de las políticas de drogas que realiza Estados Unidos ha sido considerada irritante no sólo por el gobierno argentino sino también por muchos otros gobiernos de la región con una opinión pública con visiones mucho más positivas hacia los Estados Unidos. Aún más, ha sido reconocida por el propio país evaluador como controversial para un país cuya situación frente al problema de las drogas está lejos de ser ejemplar. Como se afirma en este trabajo, lo irritante del proceso de certificación se vincula a la unilateralidad de la evaluación y a la no aceptación de la magnitud del problema en Estados Unidos por parte de los propios norteamericanos. Quizás sea el predominio del “excepcionalismo norteamericano” el que no permita ver caminos alternativos más efectivos en el marco de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico.
De igual manera, es posible arrojar claridad sobre la supuesta ambivalencia existente entre esa oposición y numerosas manifestaciones de funcionarios gubernamentales, gobernadores provinciales y líderes de la oposición que continúan acudiendo a los Estados Unidos en busca de cooperación en esta especial materia. Cabe recordar que ante la pregunta de si el país debiera cooperar más con Estados Unidos para combatir el narcotráfico, un 42,1% de la población está de acuerdo o muy de acuerdo en hacerlo. Podrá la Argentina tener el porcentaje mas bajo a nivel regional, pero esto no evita que gran parte de la población y de nuestros líderes políticos continúe considerando necesaria la cooperación internacional de un país cuya política en materia de políticas de drogas sin dudas no ha sido efectiva pero que dispone grandes cantidades de recursos para el financiamiento de políticas nacionales en un área que se ha vuelto central en la agenda política local.

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